Ciudad de México, 29 de mayo de 2025 — El periodista mexicano Héctor de Mauleón seguirá con interés las históricas elecciones judiciales de este domingo —no sólo porque el 1 de junio marca la primera vez que los mexicanos votarán por sus jueces, sino también porque una de las candidatas le ha prohibido reportar de forma crítica sobre ella.
El 15 de mayo, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ordenó a De Mauleón —uno de los periodistas de investigación más reconocidos de México— retirar su columna del 1 de mayo, en la que mencionaba presuntas acusaciones de corrupción contra una familiar de la candidata Tania Contreras, en el norte del país, y abstenerse de publicar artículos que la vinculen con personas o actos delictivos. Ese mismo día, la candidata demandó a De Mauleón y al periódico El Universal por calumnias y violencia política en razón de género. De Mauleón fue declarado culpable, aunque no se hicieron públicas ni la fecha del fallo ni la de su sentencia.
Este tipo de demandas frívolas se ha convertido en una herramienta cada vez más común entre políticos mexicanos para censurar el periodismo crítico. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado su uso desde 2016, cuando un tribunal en Ciudad de México eliminó el tope máximo de compensación que los demandantes podían exigir en demandas por daño moral. En los últimos cinco años, al menos 158 periodistas han enfrentado demandas por difamación, según la oficina en México de Artículo 19, una organización con sede en Londres y socia del CPJ.
Se trata de una tendencia global. En Europa y Estados Unidos, las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) se utilizan ampliamente como medidas de represalia para intimidar a periodistas y suprimir reportajes de interés público.
Violencia política por razón de género
El delito de violencia política en razón de género fue introducido en 2020 para proteger a las candidatas en un país donde la violencia de género —también contra mujeres que buscan o ejercen cargos públicos— es de las más altas del mundo, según múltiples estudios.
El reportero Arturo Ángel Arrellano Camarillo, del medio Al Calor Político, fue declarado culpable del mismo delito en el estado de Veracruz. En enero de este año fue condenado a pagar una multa no especificada y a reparar el daño a Mara Chama, una mujer a quien mencionó en un artículo de 2021 sobre familiares de políticos que buscaban cargos públicos, según la sentencia revisada por el CPJ.
El nombre de Arrellano también será incluido en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza las elecciones federales en México.
“Las sentencias contra los periodistas Héctor de Mauleón y Arturo Arrellano son claros ejemplos de acoso judicial, con políticos que abusan de la ley para silenciar el periodismo crítico —un fenómeno cada vez más común en México,” dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “Hacemos un llamado a las y los políticos mexicanos para que dejen de presentar demandas infundadas con el fin de evitar la publicación de información de interés público.”
En ambos casos, los jueces de primera instancia rechazaron los cargos, pero sus fallos fueron revocados.
Las acusaciones contra los dos periodistas parecen carecer de fundamento, ya que no existe evidencia de violencia política ni de que los periodistas hayan señalado a las mujeres por su género, explicó al CPJ el abogado de derechos humanos Jorge Ruiz del Ángel. “Estos casos parecen tener muy poco sustento”, dijo. “En ninguno está claro el daño que habrían causado los artículos, ni el componente específico de género”.
En riesgo
De Mauleón no retiró el artículo, a pesar del riesgo de arresto. Dijo al CPJ que retractarse sentaría un precedente peligroso de autocensura para el periodismo en México.
Está acostumbrado al acoso por su trabajo. Durante la última década, ha recibido múltiples amenazas por reportajes sobre crimen organizado, extorsión, narcotráfico y redes corruptas que involucran a políticos y celebridades.
Pero este caso le preocupó especialmente porque la orden judicial fue entregada directamente en su domicilio en Ciudad de México.
“Me dijeron que mi información personal fue entregada al IETAM, lo cual considero que me pone en riesgo,” dijo de Mauleón al CPJ.
México es el país más letal de América para el ejercicio del periodismo, según investigaciones del CPJ. Desde 2020, 40 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en circunstancias confirmadas o posiblemente relacionadas con su labor informativa. México ocupa el octavo lugar en el Índice Global de Impunidad 2024 del CPJ.
El CPJ intentó en varias ocasiones comunicarse con Tania Contreras a través de llamadas a su oficina de campaña en Tamaulipas, y con Mara Chama a través del gobierno municipal de Teocelo, en Veracruz, pero no obtuvo respuesta.